El gobierno en funciones del PP acaba de prorrogar la concesión a la papelera Ence, en la ría de Pontevedra, por 60 años.
No es por el impacto de la misma sobre el medio ambiente y sobre las vidas de las personas.
Y no es porque es el PP el que toma esta decisión. Qué malo es el PP, y tal. Pues no.
Es porque, en España, los gobiernos pueden hacer estas barbaridades. Sean del partido que sean. Y es legal. Y constitucional.
Un gobierno en funciones.
Un gobierno que representa, en el mejor de los casos, a una minoría (PP, generales 2015, 20,84% del censo). Apenas uno de cada cinco españoles.
Y ese gobierno, en funciones, toma decisiones por los próximos 60 años. Porque ellos lo valen.
Si viviéramos en una democracia, los jueces del Supremo ya habrían anulado esta decisión. Es más, ya habrían dictado auto de prisión contra el presidente del gobierno y los ministros y altos cargos implicados en esta cacicada.
Pero no es el caso.
Ante evidencias como esta... ¿de verdad se puede seguir creyendo que vivimos en una democracia?
P.D. Franco otorgó la primera concesión a Ence en el 58. También por 60 años.
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