sábado, diciembre 01, 2007
Plan Avanza: ayudas para nuevas tecnologías
Lo cual parece algo bueno. Este plan aparentemente realiza una muy necesaria labor de promoción del progreso tecnológico en nuestros ayuntamientos.
Sin embargo, la realidad es bien distinta.
Analicemos un caso concreto: vamos a ponernos en la piel de nuestro alcalde. Vamos a suponer que quisiera crear un servicio web para que, por ejemplo, los ciudadanos actualizáramos los datos del padrón, vía telemática.
Nuestro alcalde encargaría, a una entidad privada, el desarrollo de una aplicación informática que permitiera realizar esta tarea. Este desarrollo tendría un coste, una parte del mismo lo tendría que sufragar el ayuntamiento. El resto se pagaría con las ayudas, suponiendo que fueran concedidas. La aplicación, una vez funcionando, también llevaría aparejado un coste de mantenimiento, para lo cual se tendrían que reservar asimismo fondos municipales.
Y así nuestros conciudadanos podrían actualizar el padrón desde sus casas.
Para ofrecer este servicio en todos los municipios, en cada ayuntamiento se tendría que hacer lo mismo. Eso supondría pagar, uno a uno, ayuntamiento a ayuntamiento, cada uno por “su” aplicación informática para actualizar el padrón.
No tendría por qué ser así, claro. La aplicación para actualizar el padrón tendría que valer igual, por ejemplo, tanto para el ayuntamiento de Albacete como para el de Ciudad Real, por citar dos casos cualesquiera. No hay motivo alguno para que se realicen dos encargos distintos de dos aplicaciones distintas. Para que se pague dos veces por una aplicación válida para ambos ayuntamientos. Sin embargo, eso es precisamente lo que se hace. Pagar dos veces por lo mismo.
Y así cada aplicación, cada ayuntamiento. Y eso suma muchos encargos. Muchos euros.
Lo cierto es que los programas informáticos que pueda usar el Ayuntamiento de Albacete van a ser prácticamente los mismos que los que van a necesitar el resto de los ayuntamientos. Y, de hecho, van a ser muy parecidos a los que puedan usar las diputaciones provinciales, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Generalitat de Cataluña o la Administración del Estado. Salvo excepciones puntuales, las necesidades de la administración pública son más o menos similares en todas partes, y a todos los niveles.
Por este motivo, los ayuntamientos no necesitan realmente ayudas para aplicaciones informáticas. Necesitan las aplicaciones que actualmente están usando en otras administraciones públicas, por ejemplo, Hacienda, con unos ligeros retoques para adaptarlas al uso municipal. Los mismos retoques para todos los ayuntamientos. Las mismas aplicaciones para todos los ayuntamientos. Aplicaciones informáticas que ya están elaboradas y funcionando en esas otras administraciones públicas.
Aplicaciones informáticas que ya deberían estar funcionando en todos los municipios.
Y sin embargo, no es así. No hay mas que echar un vistazo a las páginas web de los diferentes ayuntamientos, y tomar nota de los trámites telemáticos que en cada una se ofrece a los ciudadanos. En Castilla-La Mancha, en el mejor de los casos, apenas se ofrecen un miserable puñado de servicios, diferentes en cada caso. Y en la mayoría de los municipios, nada de nada.
Conclusión: el resultado final de la fantástica estrategia de implantación de nuevas tecnologías de nuestros políticos, es el siguiente:
1) Muchos ayuntamientos (y otras administraciones) no se modernizan o lo hacen demasiado despacio, unos porque no pueden asumir (ni con ayudas) los costes de esa modernización, otros porque, simplemente, sus políticos o no saben, o no quieren. Se “Avanza”, pero más bien poco y, en algunos casos, nada.
2) Además, dejamos de “Avanzar” en otros aspectos, ya que el dinero de nuestros impuestos se despilfarra en pagar miles de veces por las mismas aplicaciones informáticas, por lo que no se utiliza de otra manera. Se frena el progreso general de nuestros municipios, de nuestras regiones, de nuestra nación.
Corolario: la próxima vez que alguien le diga que algo no se hace porque “no hay dinero”, acuérdese de estas “ayudas”. De los millones de euros tirados a la basura que suponen.
Y esta es sólo una de las numerosas formas que tienen nuestros políticos de despilfarrar nuestro dinero.
El plan Avanza contempla en Castilla-La Mancha ayudas hasta 2009 por valor de 2.369.041 euros.
martes, septiembre 18, 2007
¿Ayudas para quién?
Ya está el actual gobierno tomando las últimas medidas de la precampaña oficial. Entre ellas, la de las subvenciones de 210 €/mes durante 4 años a los jóvenes de 22 a 30 años que ganen menos de 22.000 € anuales, para alquiler de viviendas.
Reflexionemos un poco sobre esta ayuda:
Una obviedad: la medida es discriminatoria, es injusta. Discrimina a los menores de 22 años y a los mayores de 30 años. Si el problema es la falta de ingresos, los límites para recibir subvenciones tendrían que ser exclusivamente por ingresos, no por edad. Y las ayudas proporcionales a la necesidad, no fijas.
Otra obviedad: una parte de los potenciales inquilinos van a disponer de más dinero para pagar alquileres. Puesto que el alquiler de viviendas está liberalizado, eso supone que los precios se van a adaptar, al alza, al nuevo nivel adquisitivo de los “consumidores” del mercado de alquiler. Es decir, que los alquileres van a subir, no 210 €, naturalmente, pero subirán, tanto más cuanto más ayudas se repartan.
Y una tercera obviedad: El dinero de estas subvenciones no sale de los bolsillos del presidente del gobierno. Sale de los bolsillos de todos los ciudadanos. Por tanto, la medida lo que supone es un “reparto de riqueza”: se toman fondos de unos ciudadanos, y se dan a otros. Unos ganan, otros pierden.
Analicemos:
¿Quién gana con esta medida?
1) Los perceptores de la ayuda, algunos de los cuales realmente la necesitan para emanciparse. Otros no la necesitan. Y ojo, que sólo dura 4 años.
2) Los propietarios de viviendas en alquiler, que van a ganar más dinero con la subida de los precios. Estos no necesitan esta ayuda en absoluto.
¿Quién pierde con esta medida?
1) Los ciudadanos que pagan impuestos. No será una afección significativa, tocamos a poco.
2) Los que van a alquilar viviendas pero no van a recibir la ayuda. A la mayoría no les afectará demasiado, pero unos pocos (rentas más bajas) van a notar mucho la subida del alquiler. Algunos no podrán emanciparse (incluso con más de 30 años) o tendrán que volver al nido.
Es difícil evaluar si el efecto global de estas subvenciones es positivo o negativo. Entre los más necesitados de apoyo social hay perjudicados, pero también beneficiados.
Sin embargo, es más penoso que un “maduro” de 35 años no pueda emanciparse, que el que no pueda sea un “chaval” de 25 años. Y no digamos si estamos ante el daño causado a un pensionista con una ínfima pensión. Es decir, aunque globalmente no podamos estimar con seguridad el efecto de esta medida, lo que está claro es que es perjudicial para los casos más extremos de personas necesitadas.
Y también está claro que para los propietarios de viviendas en alquiler la medida es beneficiosa.
Los más necesitados pierden, los que más tienen ganan.
¿Por qué aplica entonces esta medida, tan poco social, un gobierno socialista?
Calculemos un poco.
Inversión anual 2008: 411 millones de euros (según Solves).
Ayuda por joven/año: 210*12=2.520 €.
411 M/2.520 = aproximadamente 160.000 jóvenes subvencionables = 160.000 potenciales votantes agradecidos, de forma directa. Más indirectos.
Una pregunta fácil. Teniendo en cuenta estos datos... ¿para quién es la ayuda realmente?