Diez minutos cada cuatro años

Llegar a ver en una televisión pública, o a escuchar en radio, el anuncio electoral de un partido minoritario, es casi misión imposible. Los emiten de lunes a viernes en horarios de mínima audiencia y, además, la cantidad de espacios emitidos es considerablemente escasa: diez minutos en total. Veinte cuñas de 30 segundos cada una. En cambio, a los partidos mayoritarios (PP y PSOE) se les emiten cuarenta y cinco minutos en los momentos de máxima audiencia.
Esa discriminación de los partidos nuevos, y de los minoritarios, resulta, cuanto menos, injusta, pero es completamente legal. La distribución de espacios electorales gratuitos está establecida así en la Ley Electoral: se otorgan más minutos y horario preferente a los partidos que más representación obtuvieron las elecciones pasadas.
Es difícil tratar de explicar qué sentido tiene esta extraña regla en una democracia, es difícil encontrar la justificación al hecho de dar ventaja a los partidos que ya están en el poder. Conversando hace unos días sobre el tema, una persona, utilizando un acertado símil futbolístico, me hizo el siguiente comentario: “Es como si el equipo que ganase una liga empezase la siguiente con diez puntos de ventaja”. A nadie le gustaría que eso ocurriera, ¿verdad? No tendría sentido.
Pero en nuestra política, ocurre.

Izquierda Unida-Alternativa solicitó a la Junta Electoral Central, máximo organismo regulador de los procesos electorales, la suspensión del debate del pasado día 21 entre Solbes y Pizarro, por incumplir una norma anterior, de la misma Junta Electoral, relativa a la garantía del pluralismo político. La actual Junta Electoral, aun reconociendo el incumplimiento de la citada norma, rechazó la solicitud de IU-A. Según aparece en el comunicado de la Junta, no se incumple el principio del pluralismo político, ya que el PP y el PSOE tienen el 85% de los escaños del Congreso, y por ello pueden promocionarse con el debate Solbes-Pizarro y, de paso, con los dos debates Zapatero-Rajoy, sin problema alguno. Concluye la Junta Electoral requiriendo a las cadenas implicadas la compensación de los debates “proporcionalmente a la representación de cada partido”. Y a los partidos sin representación parlamentaria, ni agua.
Extraña concepción del pluralismo político la de nuestros juristas. Al parecer ser plural significa dar ventaja a los partidos en el poder, tanta más ventaja cuanta mayor sea la diferencia de poder. ¿Alguien lo entiende?
Pues la cosa es mucho peor.

Si a estas discriminaciones sumamos que los partidos con representación parlamentaria tienen financiación del Estado para sus campañas electorales (los ciudadanos pagamos las campañas), si sumamos que las entidades financieras otorgan a los partidos grandes todos los créditos que necesitan, algunos de los cuales ya sabemos que no devuelven, y si sumamos que los medios de comunicación les dedican prácticamente el 100% de su espacio político, todos los días del año, todos los años, sea o no sea época de campaña electoral; si a todo eso sumamos el tremendo efecto que tiene la propaganda sobre el ser humano (no hay más que ver la cantidad de anuncios publicitarios que hay cada día en la televisión), lo que obtenemos es que unos pocos partidos (en Castilla-La Mancha, dos) obtienen una ventaja decisiva que les hace inalcanzables para el resto de las formaciones políticas.
Siguiendo con el símil futbolístico, es como si el Real Madrid y el Barcelona recibieran al inicio de todas las ligas, no diez puntos, sino cincuenta. Siempre quedarían clasificados en las dos primeras posiciones, y con una ventaja insuperable para el resto de los equipos. ¿A quién le gustaría una competición así?
Pues eso mismo es lo que está pasando en nuestro sistema político.

Si alguien tiene una explicación, por favor, que la comparta.