viernes, enero 18, 2008

El voto en blanco, el voto nulo y la abstención

Como bien me han recordado en un comentario de otro mensaje, en este blog había un fallo: informar adecuadamente sobre el voto en blanco, y ya de paso, sobre las diferentes posibles opciones que tienen los disconformes en nuestro sistema político. Voy a intentar solucionarlo.

La teoría es esta:

1) La abstención
Es simplemente no votar.
Es una opción totalmente válida y legal, prevista y regulada en nuestro sistema electoral: aquellos españoles que no deseen ejercer su derecho al voto no tienen por qué hacerlo.
A la hora de hacer el recuento correspondiente para escoger los representantes de los ciudadanos en los diferentes órganos de gobierno, simplemente la abstención no se tiene en cuenta.

2) El voto nulo
Es un voto defectuoso, un voto que no cumple con las condiciones mínimas exigidas para ser aceptado como válido. Entre otros, tiene la consideración de voto nulo los votos en los que una papeleta electoral aparece con tachaduras o comentarios.
Los votos nulos se contabilizan, pero aparte de eso tampoco se tienen en cuenta a la hora de asignar los representantes.

3) El voto en blanco
Aunque ni en la Ley Electoral ni en ninguna otra parte se indica, de forma oficial, para qué sirve el voto en blanco, este no puede tener otra función que expresar una denuncia de ausencia de democracia, ya que si se utiliza es porque ninguna de las candidatura te representa.

Según la Ley Electoral, “se considera voto en blanco, pero válido, el sobre que no contenga papeleta y, además, en las elecciones para el Senado, las papeletas que no contengan indicación a favor de ninguno de los candidatos.

Los votos en blanco son votos “válidos”, y se contabilizan como tales a la hora de calcular el total de votos válidos emitidos. Sin embargo tampoco se tienen en cuenta a la hora de asignar los representantes, salvo por lo siguiente:
El número total de votos válidos se utiliza para calcular el número mínimo de votos necesarios para que un partido político obtenga representación en una circunscripción: en unas elecciones generales, el 3% de total. Los partidos que no obtienen al menos ese porcentaje mínimo de votos se eliminan. Los restantes partidos se asignan los representantes ignorando ya los votos en blanco y los votos a esos partidos minoritarios eliminados.
Y todo este galimatías significa que, en la práctica, acaba siendo lo mismo que el voto nulo o la abstención: no afecta al reparto de escaños.

Hasta aquí la teoría. Y ahora, ¿qué supone realmente cada forma de actuar? ¿Qué debemos hacer los disconformes? ¿Abstenernos, votar en blanco o emitir un voto nulo?

1) La abstención es para los que no quieren votar (de Perogrullo, je, je). Los motivos para no votar son muchos: la desidia, el pasotismo, la irresponsabilidad, el ¡qué bien se está en la playita, mejor no voy a votar!, el considerar que el resultado de las elecciones no es significativo, el rechazo a la democracia como forma de gobierno, el rechazo a nuestro actual sistema político (sea este lo que sea), y... el que cada uno quiera.
Una parte de los abstencionistas ejercen lo que llaman la “abstención activa”, es decir, utilizan deliberadamente la abstención como forma de protesta contra el actual sistema político.
El problema de la abstención activa es que es muy difícil distinguir a los que la ejercen de los demás abstencionistas. Un 50% de abstención no significa un 50% de ciudadanos que protestan. Gracias a ello, al Régimen le resulta muy sencillo excusar la abstención de muy diversas maneras: “llovió”, “hizo sol” , “la gente se fue al campo y a la playa”, “los ciudadanos sabían que iba a salir SI al Estatut y por eso no acudieron a votar”, “la confianza en nuestra democracia hace que los ciudadanos se relajen y no consideren necesario votar”, etc.
En definitiva, la abstención no es una forma eficaz de reflejar la disconformidad de los ciudadanos, porque no se puede cuantificar el número real de abstencionistas disconformes.

2) El voto nulo, a día de hoy, se utiliza básicamente como voto protesta. Sería una buena forma de expresar la denuncia de ausencia de democracia si fuera suficientemente masivo, pero no acaba de cuajar. El problema que tiene es que, al final, como la abstención, un voto nulo no expresa nada en sí mismo: es mudo, no tiene voz, y ello permite al Régimen menospreciarlo públicamente -"voto gamberro"- y restarle eficacia como instrumento de denuncia.

3) El voto en blanco es la forma teórica de denunciar la ausencia de democracia, pero al final, el hecho de ser también mudo, como el voto nulo o la abstención, permite al Régimen manipular a la opinión pública asignándole propósitos diferentes, como que es el voto de quien está a favor del Sistema pero no tiene a quién votar. Aunque eso es algo totalmente absurdo, el lavacerebros funciona, y ello igualmente le resta efectividad como instrumento de denuncia.

En definitiva, en la práctica, ninguna de las tres opciones tiene fuerza. Los políticos se van a repartir indecentemente los escaños sin importarles cuánta abstención, votos nulos o votos en blanco hayan existido, ya que han hecho una Ley Electoral a su medida que les permite ignorar a los ciudadanos disconformes, a su abstención y a sus votos de protesta.
De hecho han hecho unas Leyes a su medida que les permiten ignorar a todos los ciudadanos, pero eso es otra historia que no viene al caso en este momento.



Necesitaríamos algo como el voto de la imagen. Algo que expresara inequívocamente una denuncia de ausencia de democracia, y que el Régimen no pudiera tergiversarlo en sus medios de propaganda.

Y en realidad, esa opción es posible. Aquí hay una propuesta para utilizarla.

miércoles, enero 16, 2008

En defensa de la subida de sueldo de Barreda

Nota: este texto hace referencia a la subida de sueldo que a finales de 2007 realizó el Presidente de Castilla-La Mancha para sí mismo y para los 161 altos cargos de la Junta. Tienen un enlace a la nota de prensa de la Junta relativa a la misma aquí.
En principio lo redacté para su publicación en un diario local, en el cual colaboro. No se publicó. Y es que hay cosas que no pueden aparecer en los medios...
Lo adjunto aquí tal cual lo envié al diario.

Imagino que a estas alturas ya lo sabrá todo el mundo, pero por si acaso, me refiero a la subida de sueldo que el Presidente Barreda incluyó en los Presupuestos de la Junta para el año 2008. El Presidente se ha subido el sueldo hasta equipararlo con el de un Secretario de Estado (y de esta manera, con el de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre), y ha establecido los salarios del resto de los 161 altos cargos de la Junta de forma proporcional al suyo. Teniendo en cuenta los anteriores niveles salariales, el incremento va a ser considerable. Y digo considerable pero sin poder concretar, ya que la cifra en cuestión no figura en los Presupuestos.
Y ha hecho bien el Presidente en no indicarla, ya que habría parecido “ligeramente” desproporcionada al visualizarla junto a los exiguos salarios de los funcionarios castellano-manchegos, cuyas cifras aparecen, hasta los céntimos de euro, en los Presupuestos.
Y es que nuestros funcionarios no van a cobrar lo mismo que los de la Comunidad de Madrid. Será que no se lo merecen, al contrario que el Presidente y sus altos cargos.
Claro que tampoco los trabajadores castellano-manchegos cobran lo mismo que los madrileños. Será que...
Pero no pretendía yo criticar la subida, eso ya lo habrán hecho otros, abundantemente, estos últimos días. Además, los hechos hablan por sí solos. Mi intención era defender la medida tomada por el Presidente. Y a ello voy.
1) Si el Presidente se ha subido el sueldo es porque los demás dirigentes políticos se lo han subido antes que él. Quizá no tanto, especialmente si se tiene en cuenta el nivel económico castellano-manchego, pero alguna razón tienen que tener ahora los otros Presidentes para volver a subirse sus sueldos respectivos. Si el de Castilla-La Mancha, una de las regiones más pobres de España, cobra más que ellos, no pueden ser menos. El Presidente Barreda es así solidario con el resto de los altos cargos políticos españoles.
2) La enorme diferencia entre los salarios de los dirigentes castellano-manchegos y el pueblo es algo natural. A mayor grado de subdesarrollo, más desigualdad entre la clase dominante y las clases inferiores. El Presidente sabía que tenía que agrandar las diferencias salariales para que fueran coherentes con el grado de subdesarrollo socioeconómico y político de Castilla-La Mancha.
3) El pasado mayo, en las elecciones autonómicas, 570.100 castellano-manchegos votaron al PSOE. Un 51,92% de los votantes. Mayoría absoluta, una vez más. Y eso se merece una gran subida de sueldo, no cabe duda.
Y si los votantes socialistas no estuvieran de acuerdo con esta medida, en marzo de este nuevo año 2008 habrá elecciones generales, a las que se presentará el PSOE. Ahí tendrán la oportunidad de respaldar al partido, al Presidente Barreda, a su señora, candidata al Congreso, y a la subida de sueldo. O no. En fin, ¡qué importa! Hasta el 2011 no vuelve a haber elecciones autonómicas...
4) Según las reglas de nuestro actual sistema político, los ciudadanos votan el día de las elecciones, y el partido o partidos ganadores pueden hacer lo que les dé la realísima gana durante los siguientes cuatro años. Incluso cuadruplicar sueldos, si lo desean. Es así desde la Constitución del 78.
Ningún partido de los que ha gobernado desde entonces, ni en el Estado ni en comunidad autónoma, ha hecho intención alguna de cambiar estas reglas.
El pasado mayo, en las elecciones autonómicas, más de un millón de castellano-manchegos votaron a estos partidos: PSOE, PP, etc. Ninguno de ellos llevaba en su programa, por ejemplo, que los castellano-manchegos pudieran decidir anualmente el salario de los cargos políticos por referéndum (hoy en día esto ya es completamente viable). En cambio, los castellano-manchegos prefieren a dirigentes que fijen para sí mismos unos salarios tal altos como deseen.
Así que, coherentemente, el Presidente Barreda, contando con el consentimiento previo del pueblo, se ha subido el sueldo lo que ha querido, a él y a sus leales camaradas del partido. ¿Por qué no iba a hacerlo?
5) Se podría objetar al punto anterior que ningún partido llevaba ese tipo de medidas innovadoras en su Programa electoral las pasadas elecciones. Si eso hubiera sido así, los castellano-manchegos podrían haber votado en blanco, mostrando así su deseo de otros partidos, otras reglas, otra democracia.
No lo hicieron.
Así que, por todo ello, expreso mi enhorabuena al Presidente y a sus altos cargos por el aumento de sueldo. Es el regalo de Navidad de este año de los castellano-manchegos a sus admirados dirigentes.
Y después de marzo, más.
¡Feliz año 2008!

No es para tanto, ¿verdad? En un día cualquiera Jiménez Losantos supera con creces este nivel de crítica. Y sin desayunar.
Pero claro, Losantos es un propagandista oficial autorizado por el Régimen. Yo no.

Para ampliar información, un comentario más detallado sobre esta subida, recomiendo leer
esto.

viernes, diciembre 21, 2007

Rosa Díez no tiene quien la financie

Según el artículo 1 de nuestra Constitución, uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico español es el pluralismo político. Y según el artículo 6, los partidos políticos “expresan el pluralismo político”, manifiestan “la voluntad popular” y “son instrumento fundamental para la participación”.
Es decir, en el estado español, el pluralismo político, al parecer, es fundamental y se expresa por medio de los partidos políticos.

Una condición necesaria que debe cumplirse en una democracia representativa de partidos, es el hecho de que los ciudadanos tengan un partido que les represente. De Perogrullo. Si un ciudadano no tiene quien le represente, no participa, está excluido de la democracia. Incluso aunque vote. Votar no es suficiente, hay que tener a quién votar.
Para garantizar esa representatividad, los partidos deben poder ser creados libremente y optar a ser elegidos por los ciudadanos en igualdad de condiciones con los demás. Los ciudadanos tienen que conocer cada opción de voto tan bien como las demás, para tener la posibilidad de elegir, acertadamente, el partido que verdaderamente les represente.
Con esta libertad e igualdad de condiciones se podría evitar la perpetuación en el poder de determinadas personas, familias o grupos, permitiéndose la entrada de “sangre nueva” en la política y la aparición de nuevos proyectos políticos innovadores. Se podría renovar la democracia. Podría haber cambios.

Pero volvamos a España: según sigue el artículo 6 de nuestra Constitución, la creación de un partido y “el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley”. Es decir, en España se puede crear un partido libremente, aunque con las excepciones que marca la Ley de partidos. De lo de la igualdad de condiciones, como que no se menciona.
Y ahí llegamos a Rosa Díez y a su Unión, Progreso y Democracia (UPyD). Cuando Rosa ha acudido a las grandes entidades financieras, que otorgan préstamos y condonan deudas a los partidos como quien vende rosquillas, se ha encontrado con que el grifo, para ella, estaba cerrado. No hay créditos para UPyD.
Y en UPyD lloran. Denuncian la desigualdad de trato, las barreras a los partidos nuevos, el oligopolio de los partidos “que ya están”...
Como si fuera algo nuevo. Llevamos así 30 años. Parece mentira, esta mujer, tanto tiempo viviendo de la política y aún no se había enterado.

Sin financiación, un partido político nuevo no es nada. No tiene la menor posibilidad de conseguir resultados. Es vital una financiación para promocionarse, salir en los medios lo suficiente, hacer que la gente lo conozca, que se familiarice con él. Porque casi nadie votaría a un partido desconocido, ¿verdad? Al igual que no se compra un detergente desconocido, o una marca de leche desconocida... compramos lo que conocemos, lo que nos anuncian por la “tele”, lo que nos es familiar, lo que “nos suena”. Y a la hora de votar es igual. Si no sales por la “tele”, si no hablan de ti en las tertulias de la radio, si no sale tu foto en la prensa, no te vota ni el Tato.
De esta manera, se puede tener una Constitución “maravillosa” donde se otorgue libertad para crear partidos, donde se hable de valores fundamentales como el pluralismo político, y sin embargo no tener problemas para mantener en el poder a un número limitado y controlado de partidos. Para evitar que partidos “non gratos” al poder económico entren en el panorama político, basta con no financiarlos y no mencionarlos en los medios. Así de fácil.

Una curiosidad: ¿Sabe que actualmente hay más de 3.000 partidos inscritos en el Registro del Ministerio del Interior? ¿Y a cuántos de sus líderes ha visto en los debates de la “tele”?

domingo, diciembre 09, 2007

Un cuentecillo

Hablando un día de lo mal que está lo de encontrar vivienda en España, un amigo mío, extranjero, que había venido aquí por negocios, tal vez para intentar animarme, me contó la que había sido su experiencia en su país, ya que allí la situación de la vivienda es mucho peor que la nuestra. Esta es la conversación que tuvimos:

- Después de 39 años de vivir con mis padres –empezó-, pude por fin plantearme adquirir una vivienda propia. Puesto que es una compra importante, decidí informarme bien y estudiar primero todas opciones.
En mi ciudad hay dos grandes empresas inmobiliarias que controlan casi todo el mercado –continuó-. Se llaman inmobiliaria R e inmobiliaria A. Unos conocidos míos habían adquirido una vivienda de una de ellas, R, así que les pregunté. Me contaron que sus viviendas, las de sus vecinos, y todas las que vendía R eran horribles. Desperfectos por todas partes, grietas, goteras, suelos levantados, paredes de papel, problemas con la instalación eléctrica, las tuberías, la calefacción... un desastre, vamos. Y además la inmobiliaria no arreglaba nunca los desperfectos. Ni denunciándola. En mi país hay mucha corrupción, ya sabes, y la Justicia no toca a las poderosas empresas inmobiliarias.
Pensé entonces en dirigirme a la otra inmobiliaria, A. Sin embargo, sorprendentemente, mis conocidos me lo desaconsejaron, diciéndome que A era todavía peor, que sus viviendas estaban tan mal construidas que iban a derrumbarse sobre sus pobres ocupantes de un momento a otro y, además, R pintaba las paredes de un rosa pastel muy bonito.
Puesto que también tenía unos conocidos que habían adquirido sus viviendas en la otra inmobiliaria, A, acudí a ellos. Sus casas estaban en tan penoso estado como las de R, con sus grietas, goteras, etc., e igualmente no había expectativas de que las repararan. Aunque no se había derrumbado ninguna, hasta el momento.
Ante el estado de indecisión que me invadió, estos otros conocidos me aconsejaron que comprase mi vivienda en A, como ellos, porque, aunque efectivamente había muchos desperfectos, R era todavía peor, sus edificios se iban a derrumbar en cualquier momento. Y además A pintaba las paredes con un azul pastel muy bonito.
Espantado, intenté entonces recurrir a otras inmobiliarias, más pequeñas, pero apenas podían construir y, según me informaron, “tenían todo vendido para los próximos 30 años”.
- ¿Y qué decisión tomaste finalmente, compraste a A o a R?- Le pregunté, intrigado, ya que, ante ese panorama, no veía otras alternativas. Mi amigo, que tiene muy mala idea, me respondió con otra pregunta.
- Tengo entendido que dentro de unos meses tienes elecciones generales en tu país. ¿A quién vas a votar, al PSOE o al PP?

Al final conseguí descubrir lo que hizo mi amigo: se construyó, él mismo, su propia vivienda.

sábado, diciembre 01, 2007

Plan Avanza: ayudas para nuevas tecnologías

Desde el pasado 23 de octubre los ayuntamientos castellano-manchegos tienen a su disposición la convocatoria de ayudas correspondientes al programa Ciudades Digitales II, en el marco del Plan Avanza. Son ayudas provenientes de fondos regionales, estatales y posiblemente comunitarios, para la modernización tecnológica de las administraciones locales. Ayudas a los ayuntamientos para modernizarse. Para ir usando cada vez más las nuevas tecnologías.
Lo cual parece algo bueno. Este plan aparentemente realiza una muy necesaria labor de promoción del progreso tecnológico en nuestros ayuntamientos.
Sin embargo, la realidad es bien distinta.

Analicemos un caso concreto: vamos a ponernos en la piel de nuestro alcalde. Vamos a suponer que quisiera crear un servicio web para que, por ejemplo, los ciudadanos actualizáramos los datos del padrón, vía telemática.
Nuestro alcalde encargaría, a una entidad privada, el desarrollo de una aplicación informática que permitiera realizar esta tarea. Este desarrollo tendría un coste, una parte del mismo lo tendría que sufragar el ayuntamiento. El resto se pagaría con las ayudas, suponiendo que fueran concedidas. La aplicación, una vez funcionando, también llevaría aparejado un coste de mantenimiento, para lo cual se tendrían que reservar asimismo fondos municipales.
Y así nuestros conciudadanos podrían actualizar el padrón desde sus casas.

Para ofrecer este servicio en todos los municipios, en cada ayuntamiento se tendría que hacer lo mismo. Eso supondría pagar, uno a uno, ayuntamiento a ayuntamiento, cada uno por “su” aplicación informática para actualizar el padrón.
No tendría por qué ser así, claro. La aplicación para actualizar el padrón tendría que valer igual, por ejemplo, tanto para el ayuntamiento de Albacete como para el de Ciudad Real, por citar dos casos cualesquiera. No hay motivo alguno para que se realicen dos encargos distintos de dos aplicaciones distintas. Para que se pague dos veces por una aplicación válida para ambos ayuntamientos. Sin embargo, eso es precisamente lo que se hace. Pagar dos veces por lo mismo.
Y así cada aplicación, cada ayuntamiento. Y eso suma muchos encargos. Muchos euros.

Lo cierto es que los programas informáticos que pueda usar el Ayuntamiento de Albacete van a ser prácticamente los mismos que los que van a necesitar el resto de los ayuntamientos. Y, de hecho, van a ser muy parecidos a los que puedan usar las diputaciones provinciales, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Generalitat de Cataluña o la Administración del Estado. Salvo excepciones puntuales, las necesidades de la administración pública son más o menos similares en todas partes, y a todos los niveles.
Por este motivo, los ayuntamientos no necesitan realmente ayudas para aplicaciones informáticas. Necesitan las aplicaciones que actualmente están usando en otras administraciones públicas, por ejemplo, Hacienda, con unos ligeros retoques para adaptarlas al uso municipal. Los mismos retoques para todos los ayuntamientos. Las mismas aplicaciones para todos los ayuntamientos. Aplicaciones informáticas que ya están elaboradas y funcionando en esas otras administraciones públicas.
Aplicaciones informáticas que ya deberían estar funcionando en todos los municipios.

Y sin embargo, no es así. No hay mas que echar un vistazo a las páginas web de los diferentes ayuntamientos, y tomar nota de los trámites telemáticos que en cada una se ofrece a los ciudadanos. En Castilla-La Mancha, en el mejor de los casos, apenas se ofrecen un miserable puñado de servicios, diferentes en cada caso. Y en la mayoría de los municipios, nada de nada.

Conclusión: el resultado final de la fantástica estrategia de implantación de nuevas tecnologías de nuestros políticos, es el siguiente:
1) Muchos ayuntamientos (y otras administraciones) no se modernizan o lo hacen demasiado despacio, unos porque no pueden asumir (ni con ayudas) los costes de esa modernización, otros porque, simplemente, sus políticos o no saben, o no quieren. Se “Avanza”, pero más bien poco y, en algunos casos, nada.
2) Además, dejamos de “Avanzar” en otros aspectos, ya que el dinero de nuestros impuestos se despilfarra en pagar miles de veces por las mismas aplicaciones informáticas, por lo que no se utiliza de otra manera. Se frena el progreso general de nuestros municipios, de nuestras regiones, de nuestra nación.

Corolario: la próxima vez que alguien le diga que algo no se hace porque “no hay dinero”, acuérdese de estas “ayudas”. De los millones de euros tirados a la basura que suponen.
Y esta es sólo una de las numerosas formas que tienen nuestros políticos de despilfarrar nuestro dinero.

El plan Avanza contempla en Castilla-La Mancha ayudas hasta 2009 por valor de 2.369.041 euros.